por Pablo Mediavilla Costa
capitalinas@correoextranjero.com

Las cajas de cartón se amontonan a un lado del pasillo. Cualquiera piensa en papeles por archivar, pero en el costado, una serie de inscripciones contradicen la ingenuidad del recién llegado: osamenta número 39, del cuadrante I-G11-1, de la fosa 760, exhumada en Pexlá Grande, Nebaj, el 24 de febrero de 2007. La falta de espacio resulta agobiante en el chalé que ocupa la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) en la Zona 3 de la capital.

“Llevamos más de 5.000 osamentas recuperadas y nuestros dos objetivos fundamentales son la identificación de la persona y la determinación de la causa de la muerte”, afirma José Suasnavar, subdirector de esta organización pionera en el estudio de los restos humanos del genocidio ocurrido en Guatemala entre 1960 y 1996.

La FAFG fue creada en 1992 con la ayuda de Clyde Snow, el antropólogo forense más reputado del planeta y encargado, entre otros casos, de la investigación del atentado de Lockerbie o de analizar la momia de Tutankamón. Snow realizó las dos primeras exhumaciones en el país, pero la magnitud de los hallazgos precipitó la creación de un equipo nacional.

Ahora, quince años después de su nacimiento, el grupo ha abierto más de 750 fosas comunes y está considerado como uno de los mejores en la disciplina. Su trabajo ha sido requerido en Bosnia, Kosovo, Congo, Ruanda, Haití, Honduras o Perú, entre otros países castigados por masacres contra civiles.

Algunas cosas no han cambiado, como las amenazas, la escasez de medios o las dificultades burocráticas para desempeñar su labor. “El trabajo que nosotros hacemos es eminentemente práctico pero con un resultado muy político”, explica Suasnavar. “Algún exjefe de Estado decía que los cuerpos que estábamos desenterrando eran del terremoto del 76″, añade.

Los policías que custodian la entrada del chalé y los escoltas que acompañan a algunos expertos del grupo, atestiguan que sus conclusiones contienen verdades incómodas para algunos.

El ‘necrotour’
A un costado de la piscina, vacía y llena de hojas, se encuentra el laboratorio. El lugar donde los huesos hablan por medio de sus muescas, fracturas, tonalidades y longitudes. Su director es Allan Robinson y a su cargo están afanosos y jóvenes expertos que dialogan a solas con los muertos.

Allan comienza las explicaciones del “necrotour”, confirmando el proverbial humor negro atribuido a los forenses y, en todo caso, el humor negro que se debe necesitar para aguantar este trabajo. A su lado, junto a una gran cristalera con vistas a la dichosa piscina, otro joven se dedica a colocar de nuevo los dientes a una calavera, para comprobar si falta alguno y si corresponden a ese caso -nunca hablan de personas o fallecidos-.

En un costado de la sala, una mujer ensambla la tibia y el peroné de un niño de entre 1 y 3 años. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, “del total de víctimas con edad conocida, los niños conforman el 20% de las personas muertas por ejecución arbitraria; el 14% de víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; el 11% de víctimas de desaparición forzada; el 60% de los muertos por desplazamiento forzado; el 16% de los privados de la libertad y el 27% de los violados sexualmente”.

El tiempo dedicado a cada cuerpo se aproxima a los dos días y medio, mucho si se compara con los 30 o 40 minutos que dura una autopsia normal, pero muy poco al lado de los márgenes con que trabajan otros antropólogos forenses. “En una academia de Estados Unidos uno tiene todo un año para analizar dos cuerpos; aquí llevamos de 38 a 40 casos por experto y año”, asegura José Suasnavar.

La ropa de las víctimas es uno de los materiales más interesantes porque es fácilmente reconocible por los supervivientes y porque puede ser un reflejo de las lesiones que sufrió la persona en el momento de la muerte. Los 60 agujeros de una camisa coincidían con las heridas de bayoneta del esqueleto.

La información que los familiares -con frecuencia presentes en la etapa arqueológica- tienen de sus muertos es vital para la identificación, pero cada vez quedan menos testigos. A ello se suma que la población indígena nunca tuvo acceso a la salud y no existen registros médicos que podrían agilizar el trabajo. De todas formas, según el protocolo establecido, se radiografían todos los huesos que llegan, porque los rastros de una fractura o de un artritis pueden ser cruciales si el fallecido se quejaba en vida.

En la salida del laboratorio hay ropas teñidas de rojo sobre una sábana azul, “pertenecen a una sola persona enterrada por sus familiares. Lo sabemos porque apareció en posición relajada y hay más prendas de las habituales e, incluso, una pequeña ofrenda cerámica”.

Un genocidio silenciado
El grueso de las investigaciones de la FAFG se desarrolla en los departamentos rurales del Quiché y Huehuetenango, habitados mayoritariamente por indígenas maya. Juntos acumulan el 60% del total de los 200.000 muertos que dejó el conflicto. “Lo que ocurre es que donde la comisión de la verdad determinó, por ejemplo, 20 masacres, nosotros ya llevamos 38 fosas exhumadas”, afirma Suasnavar. Las cifras del desastre son enormes e imprecisas, aunque los más de 40.000 desaparecidos de Guatemala significan la tasa más alta del mundo.

Son los despojos de la política de tierra arrasada, promovida por los sucesivos gobiernos militares de Romeo Lucas García (1978-82), fallecido el año pasado en Venezuela; Efraín Ríos Montt (1982-83) y Humberto Mejía Víctores (1983-86), cuando decidieron “barrer del mapa” las poblaciones que servían de base a las guerrillas agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Sólo en los dos años de poder de Ríos Montt, el más esmerado en esta política de “tierra arrasada”, el resultado fue brutal: 448 aldeas fueron borradas de la faz de la tierra dejando decenas de miles de asesinados y desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas.

El primer paso para una investigación es que los supervivientes soliciten la ayuda de la FAFG. Después de la autorización del Estado, el equipo se pone manos a la obra. La apertura de las fosas es un proceso largo, en ocasiones imposible, si éstas se encuentran en un pozo ciego, debajo de una casa o entre dos terrenos de propietarios diferentes que no se ponen de acuerdo.

Una vez abierta, es minuciosamente fotografiada y examinada. La posición de los cuerpos, el que vistieran ropa o estuvieran desnudos, abrazados por grupos, amordazados o atados de manos son algunos de los detalles que pueden indicar, además, agresiones sexuales en masa, torturas psicológicas y demás violaciones de los derechos humanos.

“Unos fueron seleccionados para morir; otros, asesinados porque se cruzaron con el ejército en un camino; la mayoría, masacrados; y algunos, víctimas de la violencia indirecta, es decir, que murieron de hambre o sed en las montañas”, según la tipología de muertes que los antropólogos sociales de la FAFG han desarrollado. El 20% de los casos analizados corresponden a menores, el 25% a mujeres adultas y el 55% restante, a hombres.

Cerrado el caso, en ocasiones sin haber podido identificar ni a la persona ni las causas de su muerte, los restos se almacenan hasta que el Estado autorice un entierro, que, por ley, debe ser colectivo, en una nueva fosa.

Desde el año pasado, la FAFG recibe, por primera vez, fondos del gobierno de Guatemala para proseguir con su trabajo, que se suman a los donados por Holanda, Estados Unidos y Canadá.

En la entrada del chalé, se acumulan los ataúdes y osarios que la fundación dona a los supervivientes. Los más grandes son para enterrar junta a toda una familia.

Impunidad y miedo
“En las zonas del interior hay amenazas contra los familiares del tipo: ‘si pones la denuncia te va a pasar lo mismo’. Nosotros decidimos en su día que si dejábamos de trabajar por las intimidaciones que sufríamos, perderíamos la confianza de los supervivientes. Felizmente no hemos llegado a más que a robos de coches, persecuciones o vigilancia”, asegura José Suasnavar, sentado en su despacho, decorado con algunas fotos y regalos de comunidades agradecidas.

“De las 750 masacres que hemos investigado sólo se ha llegado a sentenciar a tres responsables y siempre son autores materiales, nunca se siguió la cadena de mando. Además, sólo tenemos el caso de un guerrillero muerto en combate, el resto era población civil, indefensa ante los agresores”, añade.

La impunidad es, quizás, el lastre más pesado que arrastra Guatemala. En el informe REMHI, impulsado y coordinado por monseñor Gerardi, se constata que el 90% de las violaciones a los derechos humanos entre 1960 y 1996 -los 36 años de guerra- los cometió el Estado de Guatemala y su ejército. Una evidencia del terrorismo de Estado, que actúa como un veneno en aquel que se atreva siquiera a sacudir el tema: monseñor Gerardi fue asesinado dos días después de que se presentara el informe, el 24 de abril de 1998.

Otro caso es el de Nineth Montenegro, líder del Encuentro por Guatemala, el partido que invitó a Rigoberta Menchú a concurrir a las pasadas elecciones ganadas por Colom. “Nineth recibió, hasta 1990, unas 15.000 amenazas de muerte y logró sobrevivir gracias al acompañamiento internacional y a los escoltas voluntarios que no la dejaban sola ni un minuto”, cuenta Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la asociación de familiares de desaparecidos más grande de Guatemala, fundada también por Montenegro tras el secuestro de su marido del que nunca más volvió a saber nada.

Ahora, con la perspectiva de un auténtico cambio político en el país, las demandas de los supervivientes siguen siendo las mismas: verdad y justicia. Puede que, las minuciosas conversaciones entre los forenses de la FAFG y los huesos que guarda la tierra de Guatemala sirvan para alcanzar, algún día, ese objetivo.